Yo también he vuelto a La Galanga. Aunque diga que nunca me fui, nadie se había dado cuenta que aún estaba porque no escribía nada.
Y no es que no pasaran cosas de las cuales no hacer ningún comentario. ¡Si habrán pasado!
Pero 'tá!; a veces nos agarra la modorra.
Y ahora, en plena pandemia de Coronavirus y de recortes presupuestales (acá y en casi todo el mundo) se me da por escribir por algo mucho más localista: la propuesta de Manini Arroyos sobre la ley de Caducidad (entre nosotros conocida como de Impunidad, lisa y llana).
Para los que aún no saben, en Uruguay se salió de una dictadura feroz, de más de 11 años, con unas fuerzas armadas que no consentían en ser juzgadas por sus delitos. Y al año nomás de restablecerse un gobierno democrático (1986) la enorme mayoría del Partido Bermellón y la mayoría del Partido Pálido convinieron en dictar una ley que dejaba a criterio del presidente de turno si se investigaba o no cualquier delito (incluyendo las torturas, asesinatos, desapariciones y robo de bebés) cometido por militares entre el '73 y el '85. Con esta ley se mantuvieron impunes y alejados de todo juzgado desde Bordaybarre padre, el Goyo hasta Nino Gavazzo.
En el 2011, en otro parlamento diferente, se vota una ley que deroga la de Impunidad y le adjudica definiciones como la de los crímenes de lesa humanidad que nuestro país había aceptado en 1998. Y desde entonces empiezan a desfilar (lento, muy lentamente, con todas las chicanas y subterfugios que a algún abogado se le pueda ocurrir) los viejos torturadores e ainda mais. Unos pocos (muy pocos) marchan presos. Y muchos de ellos, por vejez, en sus casitas.
Y ahora, con el general retirado a prepo Manini Arroyos en el senado, hay una nueva ola de reivindicación de la impunidad militar. Y que no es original: siempre estuvo, más o menos escondida.
Honrando a Julio Castro en Salinas |
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